Implementación del Código Procesal Penal. Propuesta para un estudio de impacto

Unidos por la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es trabajar para afianzar el estado de derecho, fortalecer el sistema democrático y elevar los niveles de seguridad física y jurídica, tanto en el país como en la región, proponiendo e impulsando los cambios necesarios para que el sistema judicial sea accesible, ágil, eficiente y confiable.

Con un alto nivel técnico y con total independencia de criterio – ya sea de intereses corporativos y/o partidarios - Unidos por la Justicia reúne a destacados expertos e investigadores con experiencia directa en las distintas áreas que conforman el sistema jurídico/legal de Argentina. Esta capacidad y conocimiento sustentado en investigaciones y consultorías previas en la materia, hacen de Unidos por la Justicia una institución con un elevado “know how” en la reforma del sistema legal y judicial y del sector público en general.
La experiencia adquirida por sus expertos, quienes a través de ideas innovadoras, análisis abierto y riguroso pueden enfrentar problemas de alta complejidad, es un factor decisivo a la hora de conducir estudios de campo que permitan conocer con profundidad y detalle el funcionamiento real de las organizaciones e instituciones involucradas.

Ello, sumado al uso de avanzadas herramientas tecnológicas, estadísticas y análisis multidisciplinario - necesario para producir diagnósticos exactos y confiables - permitirán alcanzar resultados de gran calidad y alto valor agregado en futuros proyectos y en la formulación de iniciativas para la mejora del sistema democrático y en particular del marco legal y judicial.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA>>

La provincia de Entre Ríos a partir de la sanción de la ley Nº 9.754 ha iniciado un importante proceso de transformación en su sistema de persecución penal. El cambio es tan trascendental que implica abandonar una concepción del proceso penal, que ha demostrado ser ineficiente, para dar paso a un nuevo paradigma, cual es el sistema acusatorio, en el que la oralidad, la publicidad y la intermediación juegan un papel central.

El nuevo modelo acusatorio impone a todas las instituciones y actores que intervienen en el proceso penal un cambio en la cultura y hábitos de trabajo. Trasformaciones de esta naturaleza generan, en todos los casos, dificultades en su implementación, que si son de gravedad puede atentar contra el sistema mismo y hacerlo fracasar.

Para evitarlo es preciso adelantarse a los posibles escollos que seguramente se presentarán en las primeras etapas del nuevo sistema. Para ello es preciso realizar un minucioso relevamiento en cada una de las instituciones, que contemple su carga de trabajo, sus recursos humanos y materiales, la forma de gestionar los procesos y las principales dificultades con las que se enfrentan a diario los operadores. A partir de la información obtenida en el relevamiento deben analizarse, a la luz del nuevo sistema, cuáles son los cambios que deben realizarse, fundamentalmente en la esfera administrativa y de gestión.

La entrada en vigencia del nuevo sistema acusatorio implica el olvido del esquema anterior para dar paso a nuevas obligaciones y responsabilidades que deberán estar perfectamente asignadas y determinadas. El nuevo sistema necesariamente implica el deslinde de lo administrativo y lo netamente judicial, y una mayor coordinación entre las distintas instituciones (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, la Policía y el Servicio Penitenciario) que deberán funcionar como engranajes perfectamente aceitados.

Asimismo el nuevo sistema planteará nuevas necesidades de infraestructura y tecnología. El expediente dejará de ser el eje del sistema para dar paso a las audiencias orales, y ello determina la necesidad de contar con espacios adecuados, que deberán estar equipados con las herramientas de registro y archivo necesarias.

Ante un desafío de estas características, una correcta y bien planificada implementación asegurará el éxito del nuevo sistema. Está transformación ocurrirá de cara a toda la sociedad, principal destinataria de estas reformas y que tanto necesita volver a confiar en su sistema de justicia.

OBJETIVO DE LA PROPUESTA>>

Realizar un estudio de impacto de la implementación del nuevo Código Procesal Penal en el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Provincia de Entre Ríos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS>>

• Analizar la gestión del sistema penal de la Provincia de Entre Ríos
• Efectuar recomendaciones para la correcta implementación del Código Procesal Penal en la Provincia.
• Medir el costo financiero de la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la provincia

PLAN DE ACTIVIDADES>>

A continuación se detalla el plan de actividades a seguir. Se estima una duración total de tres meses para llevar a cabo el estudio de impacto.

1.DIAGNOSTICO

1.1 Relevamiento de la carga de trabajo del sistema

Se efectuará un relevamiento estadístico de la carga de trabajo global del sistema penal de la provincia, a los efectos de medir los niveles de productividad (efectividad, eficacia, eficiencia, demora, calidad) de las oficinas judiciales penales.

• Poder Judicial en todas las instancias: Causas ingresadas, resueltas y en trámite; Formas de resolución; Tasa de sentencia; Tasa de demora inicial
• Ministerio Público Fiscal: Causas ingresadas, resueltas y en trámite; Formas de resolución; Causas por tipo de delito y autor ignorado
• Ministerio Público de la Defensa: Casos atendidos; Imputados defendidos.

1.2 Relevamiento de Recursos Humanos

Se realizará un completo relevamiento de la estructura de recursos humanos y conformación de las oficinas judiciales con el objeto de medir el impacto en la distribución del trabajo interno de la implementación de los cambios requeridos por la nueva normativa procesal.

• Poder Judicial: Cantidad de jueces por instancia; cantidad de secretarios; cantidad de funcionarios; cantidad de empleados. Todos con determinación del perfil y funciones.
• Ministerio Público Fiscal: Cantidad de Fiscales; de asistentes de Fiscales; de funcionarios; de empleados, con específica mención del perfil y funciones desarrolladas
• Ministerio Público de la Defensa: Cantidad de Defensores, asistentes y empleados. Mecanismos de asistencia y contención de las víctimas.
• Policía provincial: Cantidad de efectivos asignados a funciones judiciales; capacitación del personal en relación a tareas de investigación; líneas de contacto con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
• Servicio Penitenciario provincial: Cantidad de agentes asignados al traslado de detenidos; capacidad operativa disponible (en atención a los nuevos plazos para las declaraciones de los imputados) líneas de contacto con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la policía provincial.

1.3 Relevamiento Estructura Edilicia

• Cantidad de edificios y distribución geográfica de los mismos; cantidad de metros cuadrados; cantidad de salas de audiencias y dependencias conexas; Capacidad de adaptación o modificación de la distribución de las oficinas.
• Ministerio Público: Cantidad de edificios y distribución; capacidad de adaptación y ampliación.

1.4 Relevamiento de la infraestructura en teconologías de la información y las comunicaciones

• Poder judicial y Ministerio público: Conexión telefónica y de internet; cantidad y tipo de equipos de computación; Hardware y software.

1.5 Relevamiento presupuestario

• Dotación presupuestaria. Distribución según función (personal, infraestructura, servicios, mantenimiento, etc). Órgano responsable de la asignación y administración.

1.6 Relevamiento de la gestión de las oficinas judiciales penales y oficinas de apoyo

• Análisis de la gestión interna de las oficinas judiciales
• Análisis de las reglas de asignación de tareas y aplicación de criterios de investigación y persecución penal.
• Tratamiento de víctimas y testigos.

2. ANALISIS

• Estudio del cuadro de situación con la implementación del CPP. Cambios necesarios para lograr una correcta implementación.
• Relevamiento de obstáculos del sistema actual para lograr una correcta implementación del nuevo CPP.
• Determinación de la estructura administrativa acorde a las nuevas funciones (oficinas y servicios comunes)
• Detección de “Cuellos de Botella” en el proceso antiguo y detección de los posibles en el nuevo sistema
• Determinación específica de roles acordes a las nuevas funciones
• Canales de comunicación entre los distintos órganos
• Organización de oficinas temáticas y regímenes de turnos

3. PROPUESTA

Elaboración de una propuesta integral para determinar el impacto de la implementación del CPP en la provincia de Entre Ríos, en términos de cambios en la gestión, costo financiero, infraestructura y recursos humanos.

PRODUCTOS>>

• Diagnóstico del funcionamiento del sistema penal de la provincia de Entre Ríos
• Informe final con análisis global del impacto de la implementación del Código Procesal Penal y la formulación de propuestas para una mejor implementación del nuevo sistema de persecución penal.

EQUIPO DE TRABAJO>>

Gerente de proyecto:

Martín O. Gershanik

Comité Académico:

Santiago Otamendi

Gustavo Letner

Germán Garavano

Mariano Scotto

Investigadores Senior:

Miguel Kessler

Martín Nessi

Silvina Montemerlo

Natalia Gambaro

Agustín Gamboa

Fernando Yuri

Gustavo de Urquieta

Milena Ricci

Martín Casares