El concepto

Una de las premisas fundamentales del Proyecto “Fondo Compensador para la Justicia” es que la distribución de fondos para compensar a los sistemas judiciales más atrasados se efectúe sobre la base de indicadores objetivos sobre su funcionamiento eliminando así cualquier posibilidad de manejos arbitrarios.
Para cumplir con este objetivo se deben seleccionar diversos indicadores que reflejen con la mayor exactitud y fidelidad posible los distintos grados de “desarrollo” de cada poder judicial, para luego combinarlos y construir así coeficientes a partir de los cuales efectuar la distribución. A cada uno de estos indicadores seleccionados se le asignará un valor de ponderación que exprese la importancia que tiene dicha medición en relación a los demás.
En esta etapa inicial la intención es abrir el debate sobre los indicadores utilizados, su ponderación y la metodología empleada para la construcción de estos coeficientes.

Para la elaboración de los coeficientes se tomó como punto de partida la publicación “Información & Justicia II” elaborada por Unidos por la Justicia . Allí se hace un completo diagnóstico de la Justicia Argentina a partir de datos estadísticos proporcionados por los 25 sistemas judiciales del país. El equipo de investigadores de Unidos por la Justicia realizó esta compilación y sistematización de datos en base a la matriz de indicadores establecidos en el Convenio de Nuevo Sistema de Información para la Justicia Argentina .
La finalidad de este convenio fue desde un comienzo la de homogeneizar la producción de estadísticas de la justicia y así poder diseñar políticas públicas para su mejoramiento en base a información precisa y confiable.
Esto implica que toda la información que se utilizó para la confección de este índice está respaldada por estándares consensuados por todos los poderes judiciales de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires .
Muchas cuestiones surgen cuando se quiere conceptualizar una medida que demuestre el nivel de atraso o “desarrollo” de un sistema judicial. La más crítica de ellas es “qué factores deberían ser incluidos?” Seguramente no dejaríamos de lado la efectividad del sistema judicial para resolver los conflictos que se le plantean, la celeridad de los procesos, la eficiencia en el manejo de los recursos, la amplitud del acceso a la justicia, el nivel de incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, el grado de respeto a los derechos humanos, etc.
Hoy en día subsisten dificultades con los sistemas de información de algunos poderes judiciales, lo cual impide contar con datos que seguramente nos brindarían una mejor aproximación a las realidades de cada provincia. En otras palabras, todavía no hay datos suficientes que reflejen en forma directa los factores que antes mencionamos. Ante esta ausencia nos vemos obligados a recurrir a mediciones indirectas que reflejen aquello que queremos demostrar.
Afortunadamente, gracias al esfuerzo de organizaciones como la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia – JUFEJUS –, la Federación Argentina de la Magistratura, ONG’s y por supuesto todos los poderes judiciales, esta situación se está revirtiendo. Esperamos que proyectos como éste ayuden en este difícil proceso.
En la medida que subsistan estas dificultades, el cálculo de los coeficientes de distribución deberá utilizar indicadores que si bien nos dan una visión muy aproximada del funcionamiento de cada sistema, no son los óptimos.
En esta primera etapa se utilizaron unos pocos indicadores para comprobar la efectividad de la metodología utilizada. Sin embargo debemos enfatizar que la construcción de los coeficientes admite la incorporación de muchos más indicadores para así ajustar mejor los resultados.

Como se indicó arriba, el procedimiento para hacer una distribución de fondos entre las provincias se debe realizar en base a indicadores objetivos. La fórmula básica utilizada para ello es la siguiente:

El Coeficiente de Distribución  se obtiene de la sumatoria de todos los indicadores multiplicados por su coeficiente, donde es el coeficiente de ponderación de cada indicador utilizado . La suma de los valores de todos los coeficientes de ponderación debe ser igual a 1. Luego, la combinación de todos los Coeficientes de Distribución de cada uno de los sistemas judiciales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, deben totalizar un 100% para así repartir todos los fondos disponibles.
Dado que los indicadores utilizados tienen unidades de medida completamente distintas (p. ej. “jueces”, “pesos”, “porcentajes de causas”) se debió implementar un proceso de normalización para poder combinarlos en el Coeficiente de Distribución. Para ello se aplicó la siguiente fórmula:

Donde representa el valor para la jurisdicción de que se trate, del indicador involucrado. es la desviación estándar o típica de los valores de todas las jurisdicciones, del indicador involucrado y es el promedio o media aritmética.
Con los ejemplos que incluiremos a continuación se facilitará la comprensión de estos conceptos.

Aquí repasaremos los indicadores utilizados, señalando las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos. Repetimos, debido a las restricciones existentes en los sistemas de información de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, hemos seleccionado estos indicadores, dejando en claro que es posible añadir otros más o bien reemplazar cualquiera de ellos.

1. Presupuesto en Justicia por Habitante

Cómo se obtiene: Mide el presupuesto total del Poder Judicial para un año determinado dividido la cantidad de habitantes. Se obtiene así una medida de cuánto dinero destina cada jurisdicción a sus habitantes para la provisión del servicio de justicia.
Impacto en el índice: A mayor presupuesto por habitante menor incidencia en el índice.
Observaciones: Por lo general aquellos sistemas judiciales más desarrollados tienen una mayor inversión por habitante que el resto. Sin embargo este valor puede verse afectado por diversos factores, principalmente si se toma en cuenta que la mayor parte del gasto en justicia es destinado al pago de sueldos, es muy posible que existan jurisdicciones en las que los magistrados gozan de sueldos altos impulsando el gasto, pero que no se refleja en la calidad del servicio de justicia que se brinda a la ciudadanía.

2. Porcentaje de participación en causas ingresadas

Cómo se obtiene: Del total de causas ingresadas en primera instancia en todo el país en un año determinado se calcula el porcentaje que corresponde a cada jurisdicción.
Impacto en el índice: A mayor porcentaje, mayor incidencia en el índice.
Observaciones: Partiendo de la premisa que las provincias más grandes y con mayor litigiosidad (en términos absolutos) necesitan de montos más elevados de inversión para producir mejoras significativas en la provisión del servicio de justicia es que se incluyó este indicador. Hay que aclarar, no obstante, que se trata de un indicador que puede generar distorsiones, ya que sólo toma en cuenta la cantidad total de causas ingresadas y no la litigiosidad, entendida tradicionalmente como causas ingresadas por 100.000 habitantes.

3. Jueces cada 100.000 habitantes

Cómo se obtiene: Cantidad total de jueces de una jurisdicción dividida la cantidad de habitantes de esa jurisdicción, luego se multiplica por 100.000.
Impacto en el índice: A mayor cantidad de jueces cada 100.000 habitantes, menor incidencia en el índice.
Observaciones: Si bien no es correcto afirmar que una mayor cantidad de jueces implica necesariamente mayor productividad, en Argentina existe una vinculación entre estos dos factores. Esto es en gran parte debido al modelo de justicia que se aplica en nuestro país donde el juez centraliza toda la labor y la delegación es mínima. En el ámbito civil debido a que todavía no se ha generalizado la mediación y la resolución alternativa de conflictos y en el ámbito penal, como consecuencia de, entre otras, de la no disponibilidad de la acción y criterios de oportunidad en cabeza del ministerio público y de las investigaciones en cabeza de los jueces. A esto debemos agregar que los magistrados también están a cargo de un sinnúmero de tareas administrativas que los distraen de su labor jurisdiccional.

4. Presupuesto en justicia por Juez

Cómo se obtiene: Mide el presupuesto total del Poder Judicial para un año determinado dividido la cantidad de jueces.
Impacto en el índice: A mayor presupuesto por juez, menor incidencia en el índice
Observaciones: Con este indicador se busca medir el nivel de inversión que existe en la justicia tomando como parámetro principal la oficina judicial. Con este indicador sucede algo similar que con Jueces cada 100.000 habitantes, en que el modelo de justicia vigente apunta a un fuerte vínculo entre la cantidad de jueces y el presupuesto destinado a ellos, y el servicio de justicia que se brinda al ciudadano.

Ejemplos