"Luisa Valmaggia", entrevista a Martín Gershanik

LUISA VALMAGGIA, conductora: Nos interesaba conversar con Martín Gershanik, que es integrante de la organización ONG Unidos por la Justicia. Bienvenido Martín.

MARTÍN GERSHANIK, miembro de la ONG Unidos por la Justicia: Muchas gracias.

LV: ¿Hay una relación entre seguridad-inseguridad y Justicia, es la Justicia la que debe proveer seguridad?

MG: No es la Justicia la que debe proveer seguridad pero sí tiene una responsabilidad compartida junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Generalmente, lo que nosotros decimos es que el rol de la Justicia en términos de seguridad es a contribuir en un rol disuasivo. En la medida que los Tribunales funcionen en forma efectiva, en forma rápida, eso va a funcionar como una disuasión hacia el delito. Ahora, no son los jueces los que van a estar haciendo acciones preventivas del delito ni van a estar en la calle patrullando. Lo que sí tienen su responsabilidad, como también se le reclama siempre, es resolver en forma efectiva y rápida para sí generar un efecto disuasivo en el delito. En ese rol, sí, la Justicia tiene una co-responsabilidad en términos de seguridad. Pero no se le puede endilgar solo a la Justicia la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en este momento.

LV: Hoy hubo una reunión entre el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el jefe de Gabinete Sergio Massa. Yo me quedé sorprendida gratamente en el sentido que se bajaron los decibeles de la confrontación que existía, sobretodo a través de los medios, me parece que se discute todo a través de los medios y no a lo mejor en los ámbitos institucionales donde debería hacerse. Me parece que este es un déficit que tiene esta etapa de la democracia en la Argentina. Pero me quedé sorprendida porque se hablaba de una falta de fondos por 500 millones y hoy el presidente de la Corte dijo que 35 millones nada más. ¿Está la Justicia con los fondos necesarios como para administrar Justicia?

MG: Primero dos diferenciaciones. Primero, la Justicia nacional que se diferencia de la Justicia provincial. Las Justicias provinciales están carentes de fondos y no tienen la solvencia presupuestaria que tiene el Poder Judicial de la Nación que encabeza Lorenzetti y que co-administra con el Consejo de la Magistratura. O sea que son situaciones totalmente distintas. Por un lado, quizás la Justicia nacional tiene presupuesto suficiente pero las justicias provinciales que reúnen el 70 por ciento de las causas que se tramitan en el país no están en esa misma situación. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene el rol de afianzar la justicia en todo el país, tratar no solamente lo que es el Poder Judicial de la Nación sino también ayudar a que las justicias provinciales mejoren. Eso por un lado. Y segundo lo que es la situación presupuestaria del Poder Judicial de la Nación y su rol con la celeridad de los juicios es bastante más complicada que el tema presupuestario. Se necesita más presupuesto para emprender acciones de reforma judicial porque el 90 por ciento del presupuesto de la Justicia se destina al pago de sueldos y hoy lo que se estaba discutiendo es la creación de nuevos cargos. Ahora bien, lo que no se discute o no se trata son reformas en la gestión de la Justicia. Si bien Lorenzetti ha impulsado distintos programas de gestión judicial, de mejora en la gestión de los tribunales que se traduce en reducción de las demoras, en mayor efectividad.

LV: Porque además Lorenzetti lo dijo, por supuesto que es importante dar celeridad a los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero cualquier ciudadano que tiene una demanda, sea acusado…

MG: En lo civil, en lo comercial.

LV: Lo que sea. Tiene el derecho a tener Justicia en un tiempo razonablemente corto.

MG: Exacto. Bueno, ahí es donde se equivoca la discusión. Creo que no es solamente un tema presupuestario, sino que hay muchas reformas que se pueden encarar que ni siquiera tiene que ver con lo presupuestario ni con reformas legislativas sino que con un cambio en la gestión de los tribunales. Salvo por la incorporación de algunos sistemas informáticos, la estructura de la oficina judicial creo que se mantiene invariable desde hace más de doscientos años. Cuando tenemos una organización con una cultura judicial que no está preparada para los desafíos de este siglo.

LV: Entre estas cosas, ¿la falta de informatización?

MG: No solamente la falta de informatización, sino también la forma en que se gestiona. (NO SE ENTIENDE), generalmente se dice que en vez de gestionar y resolver los casos se resuelven los expedientes. Entonces, es un ida y vuelta de papeles, te mando el expediente, le agrego un escrito, esto se lo sello, se pasa a otro, y en realidad en vez de resolver el problema el juez, el fiscal o el tribunal que fuere resuelve el expediente y se olvida de la persona, de la víctima o del conflicto que se tiene. Entonces, necesitamos sistemas donde haya mayor inmediación, se trata de por ejemplo que en juicios penales, en juicios civiles, de tender hacia la oralización completa, que sea todo público, eso da mayor celeridad, mayor confianza, mayor transparencia, en vez de estar los jueces escondidos atrás de su despacho y tapados por pilas de papeles, sino en audiencias públicas y orales, donde entre las partes se resuelve eso.
Y para tender a una reforma de ese estilo se necesita una inversión. Se necesitan recursos presupuestarios. Pero también se necesita un compromiso político de todos los actores en tender hacia eso.

LV: ¿Y lo ves? ¿Te parece que existe ese compromiso?

MG: A ver. Por parte de la justicia existe.

LV: ¿Esto se discute en la justicia o hay una suerte de "achanchamiento"?

MG: Es que el problema que tienen los operadores judiciales es que están colapsados y tapados de trabajo; entonces, tienen muy pocas oportunidades para discutir este tipo de cosas. Si bien, de vuelta, desde el ámbito nacional, con Lorenzetti, se han hecho muchísimos avances en este estilo, la gran mayoría de los jueces no tienen el tiempo… Los fiscales no tienen el tiempo para pensar eso. Y en ámbito como el Consejo de la Magistratura la mayor parte de la discusión va por los nombramientos de los jueces. Es decir, la pelea política por quién designa y los concursos que, además, los hacen mal. Porque siguen habiendo muchísimos vacantes y no se está solucionando en tiempo y en forma el tema de los concursos. Pero creo que la mayor discusión que se da en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Encima, es un ámbito que luego de la reforma quedó muy politizado. Y eso influye en la independencia o en la falta de independencia de los jueces frente a la influencia que puede tener el ejecutivo. Y no se discuten estos temas. No se discuten mejoras en la gestión. No se trabaja con el ejecutivo en planes de mejora. Por ejemplo, el caso que… si bien está relacionado lo que decía la presidenta, de los juicios de lesa humanidad… Los tribunales que tramitan esas causas que tienen cientos de cuerpos, ninguno de ellos está digitalizado.
A mí que me ha tocado litigar en estos casos es tristísimo como en un tema que supuestamente es la política central de derechos humanos de nuestro gobierno ver al personal de los juzgados y los tribunales sentados y rodeados de pilas de papeles pasando hojas, en vez de tener sistemas y todo un aparato montado para mejor gestionar toda esta información, que es clave. Estamos hablando de crímenes que sucedieron hace casi 30 años, o más, gravísimos y, sin embargo, se gestionan como un delito o una causa cualquiera: acumular y acumular papeles.

LV: Bueno. Queda mucho trabajo por delante todavía.

MG: Así es.

LV: Martín, gracias por habernos ayudado a conocer un poco más el panorama de la justicia.

MG: Gracias a ustedes.