LAS ASIGNACIONES PARA JUSTICIA EN 2009 REPRESENTAN SOLO EL 2% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO NACIONAL

En medio de reproches y contra reproches entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema de Justicia, Unidos por la Justicia asociación civil dedicada a la investigación de la problemática en el funcionamiento de la Justicia,  realizó un estudio de campo sobre el presupuesto de la Justicia a nivel nacional.

Según se pudo constatar el presupuesto asignado a la Justicia en su conjunto (es decir Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Defensorías, el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario Federal), solo representó el 2% de las asignaciones totales presupuestadas para el ejercicio 2009. De lo que surge una fuerte retracción del gasto en Justicia con respecto al año anterior, donde se asignó cerca del 3% del presupuesto nacional a dicha finalidad.

La asignación presupuestaria para la Justicia a nivel nacional en 2009 fue de  $5.029.350.948, cuando el presupuesto total de la Nación llegó a un monto de $233.817.577.614. En el año 2008 en cambio, la asignación a la Justicia constó de $4.341.380.074, mientras el presupuesto total de la Nación fue de $161.486.462.174 .

Con respecto al período 2004-2009, se verifica una disminución presupuestaria total del 4% de gasto en Justicia.

Si a ello se le agrega la complejidad y burocracia necesaria para ejecutar dichas partidas; la Justicia a nivel nacional, se ve inmersa en varios problemas de complicada solución.

Inclusive, considerando que dichas asignaciones son utilizadas en un promedio cercano al 90% para pago de sueldos y en materiales de oficina, afrontar problemáticas complejas que aquejan a las instituciones judiciales como la crisis edilicia, el retraso tecnológico y la falta de personal se ha transformado en una tarea casi quimérica.

Reuniones como la pautada para el día de hoy entre la Corte Suprema de Justicia y el Jefe de Gabinete, son necesarias para dar por finalizadas acusaciones mediáticas que poco aportan, pero también para comenzar a delinear políticas públicas comunes con el fin de aunar esfuerzos y mejorar el servicio de justicia para toda la comunidad.